Ciudad de México, 20 de junio de 2013
Lic. Emilio Chuayffet
Chemor
Secretario de
Educación Pública
Dr. Fernando Serrano
Migallón
Subsecretario de
Educación Superior
Dr. Rodolfo Tuirán
Subsecretario de Educación Media Superior
Por octavo año
consecutivo, los que conformamos el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la
Educación Superior (maes) nos
presentamos frente a las instalaciones de esta Secretaría para exigir,
nuevamente, una solución real al grave problema de la falta de lugares en la
educación superior.
A lo largo de estos 8
años hemos sido testigos de distintas iniciativas, impulsadas por las
autoridades educativas, que no han tenido un impacto positivo en el aumento de
la cobertura ni en la ampliación de la oferta académica. Desde el Programa
Nacional de Financiamiento a la Educación Superior hasta la Feria de Educación
Superior «Más Opciones» en la biblioteca Vasconcelos, las ofertas oficiales
comparten un común denominador: Ignoran las necesidades y expectativas de los
jóvenes mexicanos, aspirantes a la educación superior.
Ayer 19 de junio, el
Dr. Fernando Serrano Migallón, subsecretario de educación superior, hizo
público el «nuevo» Programa Emergente de Matrícula de Educación Superior para
el Ciclo Escolar 2013-2014, que consiste –según él mismo afirma– en el «incremento en la oferta educativa de
nivel superior en 36 mil 376 espacios».
Anuncia en primer
lugar la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Politécnico Nacional
(IPN), la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y otras universidades públicas
para después decir que «quizá […] son las que van a tener un impacto menor en
el incremento que se propone, precisamente porque su capacidad está saturada».
Ello quiere decir que los «8 mil 212 lugares adicionales en la modalidad
presencial» de los que hablan serán ofertados principalmente en el subsistema
tecnológico de la SEP, entonces, ¿qué tiene eso de nuevo?
La oferta de 5 mil 270
lugares distribuidos en 13 instituciones particulares, parte de la Federación
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), con una
colegiatura especial de mil pesos mensuales tampoco es nueva. Existe, cuando
menos, desde hace 5 años, fecha desde la cual han venido ofreciéndola en la
mesa de diálogo entre las autoridades educativas y el MAES.
En realidad el
verdadero incremento está en la educación a distancia, que ofertará 22 mil 894
lugares, principalmente en la Universidad Abierta y a Distancia de México. La
UNAD no ofrece la carrera de Medicina, pero sí la de Técnico Superior
Universitario en Urgencias Médicas; no existe Arquitectura ni Urbanismo, pero
sí Logística y Transporte y Seguridad Pública; no hablemos de Artes, Historia o
Ciencias Políticas, esas no son las «carreras innovadoras e imprescindibles
para el desarrollo a corto y mediano plazo de nuestro país» que refiere el
subsecretario en sus declaraciones.
Así pues, lo que ha
sido anunciado como «por primera vez una solución objetiva a la falla que hay»
no es otra cosa que más de lo mismo.
Esta y otras medidas,
en tanto no son más que paliativos, no resuelven el
problema de raíz sino que constituyen un nuevo mecanismo de exclusión, ya que
sólo se habla de 36 mil 376 espacios en el nivel superior, mientras que la cifra de rechazados
alcanza los 200 mil y, peor aún, cuando sólo un poco más del 20% se contempla
dentro de las carreras presenciales de las universidades públicas.
Aun cuando los resultados de los concursos de
ingreso de este año no han sido publicados, nada hace pensar que las cifras de
rechazados serán menos dramáticas que las de 2012, año en que la suma de
rechazados entre las 3 principales instituciones (UNAM, UAM e IPN) llegó a más
de 318 mil[1]. Tomando en cuenta que un buen número de aspirantes presenta el examen
para más de una institución, nosotros calculamos en 200 mil el número de
rechazados del área metropolitana. ¿Por qué la subsecretaría y las
instituciones no se juntan para darnos una cifra oficial?
Se equivoca el subsecretario cuando dice que
esta será una solución para el 30% de los rechazados, ya que, en el mejor de
los casos, representará una alternativa para menos del 20%.
Y, ¿por cierto?, ¿cómo harán los estudiantes
que quieran tomar una de esas opciones?, ¿Cómo serán seleccionados los 36 mil de
ese universo de 200 mil?
Entre todo lo dicho ayer, consideramos
necesario reconocer el «esfuerzo adicional» que han hecho las instituciones
para ofrecer lugares, así como la labor de la SEP al convocarlas. Reconocemos
también que el antecedente inmediato de estos esfuerzos ha sido justamente la
mesa de diálogo que se ha instalado a petición del MAES por 7 años ya,
convocada por la secretaría, a la que han asistido representantes de las
principales instituciones de educación superior del área metropolitana.
Lo importante, pensamos nosotros, es que este
esfuerzo se vea traducido en resultados concretos para la vida del conjunto de
los aspirantes y sus familias, más allá de declaraciones espectaculares.
No sólo se trata de ofertar más lugares, sino
que hay que atacar las causas que han provocado que nos encontremos en esta
condición. Hace ya casi 40 años que no se crea ninguna institución pública de
educación superior; la matrícula de las universidades, si bien ha comenzado
lentamente a recuperarse, se mantuvo estancada por 3 décadas, mismas en las que
las escuelas «patito» han proliferado, al grado de que hoy las escuelas
privadas representan a más del 64%
de las instituciones de este nivel educativo.
Por si fuera poco, el
estado no ha invertido más que en la creación de Institutos Tecnológicos,
Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas, escuelas que por su
modelo académico no representan una alternativa viable para la mayoría de los
aspirantes y a las que año con año insisten en enviarnos.
La oferta que hoy
hacen de inscribirnos en educación a distancia, lo hemos repetido hasta el hartazgo,
no debe ser vista como «la» alternativa ante la falta de oportunidades para
ingresar a la educación superior. La nuestra es una generación que ha nacido en
un mundo dirigido por las computadoras; no le tenemos «miedo» a la tecnología,
sino que la aprovechamos. Sin embargo, queremos educarnos, como todos los
demás, apoyándonos en los recursos que los avances tecnológicos han aportado,
pero con el acompañamiento de maestros preocupados por nuestra formación, con
las discusiones en clase, con las bibliotecas y los espacios deportivos, en
fin, con el espacio de socialización que para todos nosotros representa la
escuela.
Las joyas de las
políticas educativas neoliberales son los exámenes estandarizados que, a pesar
de que han sido presentados como solución para cualquier problema de medición,
se han visto fuertemente cuestionados en los últimos meses. De acuerdo con las
declaraciones de dos altos funcionarios educativos, las pruebas estandarizadas
más icónicas podrían desaparecer en el corto plazo, tal es el caso de la prueba
ENLACE y el llamado Examen Único pues
el propio secretario de educación pública y la directora
general del IPN han declarado, cada uno por su parte que una y otra deben
reconsiderarse.
El MAES tuvo acceso a la resolución por
disposición 1/2011 del expediente
CONAPRED/DGAQR/419/08/DR/II/CHIS/R289 la cual, sobre la aplicación de la prueba
ENLACE en comunidades indígenas de Chiapas, resuelve que «en el área de la
Secretaría de Educación Pública responsable de diseñar e implementar la primera
versión de la prueba ENLACE como un medio de evaluación estandarizado en todo
el país, se generó un acto de discriminación indirecta» y luego explica que
la forma de discriminación que se denomina indirecta es relativa a la
conformación histórica de las normas, rutinas o prácticas y políticas en
instituciones públicas o sociales, que pueden derivar como efecto estructural
el mantener y profundizar las circunstancias de desventaja del grupo que la
sufre, pues “naturalizan” la estigmatización y contribuyen a reproducir el
orden discriminatorio de la sociedad como un todo convirtiéndose en
estructural, porque ese conjunto de prácticas reproducidas por las instituciones
y avaladas por el orden social generalmente afectan a grupos o comunidades en
extrema pobreza, en situación de vulnerabilidad o en desigualdad social, y su
normalización puede ocasionar efectos aún más graves que una discriminación
directa, porque además del daño que causa a los derechos del grupo que la
sufre, da un trato que parece equitativo al partir de condiciones de similares
(que no toman en cuenta las diferencias), y por ello no es perceptible como un
acto de discriminación.
Los exámenes
estandarizados una y otra vez evalúan con pretendida igualdad condiciones
sociales radicalmente diferentes, el propio CENEVAL ha afirmado, respecto del
llamado Examen Único que «se observa,
en términos generales, que a mayor ingreso familiar se obtiene un mayor
porcentaje de aciertos» (Informe de Resultados 1994, CENEVAL, AC, p.
29). Las cifras que emanan de las diferentes aplicaciones de los exámenes de
selección para ingresar a las universidades expresan la misma situación.
Por todo lo anterior, ¿no
sería un buen comienzo revisar y adecuar los mecanismos de ingreso para
encontrar uno más justo, equitativo y no discriminatorio?
En lo que se refiere a
la educación media superior el problema es aún más evidente, ya que desde
febrero de 2012 este nivel educativo es considerado por la constitución como
obligatorio. Con la reforma constitucional, se vuelve evidentemente ilegal el
hecho de que sea un examen con estas características el que defina la
asignación a una escuela, que se exija pagar una cuota para presentarlo y finalmente
para inscribirse en una opción no deseada.
Por cierto, contra la
violación a los derechos humanos que representa el Examen Único, aspirantes a la educación media, así como
representantes del MAES, hemos interpuesto una queja ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, que consta en el expediente CNDH/2/2013/557/Q, la cual se
encuentra en curso.
Así pues, los
integrantes del MAES estamos preocupados por la indolencia de las autoridades
frente al problema estructural que enfrentamos. Para nosotros la solución no
está en conferencias de prensa que, con cifras maquilladas, no anuncian nada
nuevo. La cooperación entre las instituciones y la secretaría es positiva, pero
lo será aún más en la medida en la que también escuchen la voz de los excluidos
y sus familias.
Por lo anterior, nos
presentamos hoy aquí para demandar que en lo inmediato se convoque a los
rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma
Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad
Autónoma del Estado de México; así como a los directores generales del
Instituto Politécnico Nacional y de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia, para instalar una mesa de diálogo que discuta y resuelva las
siguientes demandas:
1. Que se garantice el
derecho a la educación media superior y superior pública, gratuita y de alto
nivel académico para todos los jóvenes que lo soliciten y que hayan concluido
el nivel de estudios inmediatamente anterior.
2. Que se aumente de
inmediato la matrícula en la UNAM, IPN, UAM, UPN, UACM, ENAH y en el conjunto
de instituciones públicas que imparten educación media superior y superior en
la Ciudad de México y su área metropolitana, hasta lograr el acceso de todos
los aspirantes.
3. Que se construyan
nuevas instituciones públicas de educación superior que ofrezcan una excelente
formación en la docencia, investigación y difusión de la cultura, de acuerdo
con el modelo universitario de la UNAM, IPN, UAM, UPN, UACM y ENAH.
4. Que se cancele el
examen de admisión como mecanismo para el ingreso a la educación media superior
y superior. Que se abra un debate público y una consulta democrática para
diseñar un nuevo procedimiento, basado en la justicia y la equidad, para el
ingreso de todos los aspirantes.
5. Que se aumente de
manera inmediata el presupuesto destinado a la educación pública, de tal forma
que se garantice un alto nivel académico de las instituciones y el acceso de
todos los aspirantes al nivel medio superior y superior.
6. Que se incorpore al
Colegio de Bachilleres como sistema metropolitano de bachillerato a la
Universidad Autónoma Metropolitana, garantizando el pase directo de los
egresados del Colegio de Bachilleres a las licenciaturas de la UAM.
7. Que se incorpore a
todos los planteles de carácter técnico del área metropolitana como son el
CETIS, el CONALEP y
CECYTEM, a un sistema de
bachillerato tecnológico del Instituto Politécnico Nacional, garantizando el
pase directo de los egresados de este
bachillerato a los estudios profesionales en el IPN.
8. Que las
Preparatorias Oficiales del Estado de México y los Colegios de Bachilleres del
Estado de México (COBAEM) se incorporen como parte del bachillerato de la
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), garantizando el pase directo
de los egresados de este bachillerato a las licenciaturas de la UAEM.
¡PORQUE LA EDUCACIÓN ES UN
DERECHO Y NO UN PRIVILEGIO!
Movimiento de Aspirantes
Excluidos de la Educación Superior
MAES
comitedeaspirantes@gmail.com
[1] En 2012 la
UNAM aplicó 191,261 exámenes de selección y dejó fuera a 173,671. De los 90,600
aspirantes a ingresar al IPN 66,320 no lo consiguieron; mientras que la UAM
aplicó 90,765 exámenes, dejando fuera a 78,538.
Ciudad
Universitaria a 10 de abril de 2013
A los
aspirantes excluidos de la educación superior y sus familias:
A la
comunidad universitaria:
Al
pueblo de México:
Hoy
fueron rechazados por la unam 124,871
jóvenes. De los 135,808 que se registraron para el examen que se aplicó los
pasados 2 y 3 de marzo, sólo 10,937 fueron seleccionados. De ellos, 7,813 ingresarán
a las aulas universitarias el próximo ciclo en el sistema escolarizado, 1,039
fueron aceptados en el Sistema de Universidad Abierta y 2,085 en el Sistema a
Distancia, lo que significa que la unam dejó fuera de sus sistemas abierto
y a distancia (suayed) a 10,894 de los 14,018 aspirantes.
Este
es sólo el principio de la historia de rechazo de la que 200 mil estudiantes
del área metropolitana serán los protagonistas en los próximos meses, porque
aún resta conocer los igualmente trágicos números que arrojarán los resultados
del segundo concurso de ingreso a la UNAM, los 2 exámenes de ingreso a la UAM y
el concurso de ingreso al IPN.
En el
acuerdo firmado por el maes y las
autoridades educativas en agosto pasado «las
instituciones [UNAM, UAM, IPN y UPN] señalan que los procesos de admisión a la
educación superior pública constituyen mecanismos de selección y ordenamiento
de los aspirantes, en función de la disponibilidad de los espacios de cada
institución y no son instrumentos orientados a determinar la aprobación o
reprobación, por lo que de sus resultados no se puede concluir que los jóvenes
que no consiguieron un lugar han sido reprobados».[1]
En
nuestro país habemos miles de jóvenes deseosos de continuar nuestros estudios,
cumplimos el único requisito establecido por la ley que es contar con un
certificado de bachillerato, y a pesar de ello, las instituciones educativas no
nos reciben en sus aulas, al tiempo que la sep
hace oídos sordos y no construye más escuelas.
Cada
año el escenario se vuelve más perturbador, porque el Estado mexicano, en lugar
de generar propuestas para fortalecer el sistema educativo y ampliar la
matrícula en todos sus niveles, sigue enfrascado en la simulación de una
disputa con la cúpula del sindicato magisterial.
Lo que
urge a los niños y jóvenes mexicanos es el fortalecimiento del sistema
educativo a partir del diálogo y la construcción de consensos, no de la
imposición y la mano dura. La Contrarreforma
laboral que el legislativo ha aprobado con el nombre de «Reforma educativa»
no representa, desde nuestra perspectiva, ninguna solución a los graves
problemas por los que atraviesa la educación.
La
evaluación universal no disminuirá la brecha provocada por la enorme
desigualdad que existe en nuestro país, no acabará con el hambre, desempleo y
hacinamiento por el que atraviesan nuestras familias; no construirá escuelas,
ni bibliotecas. En una dirección muy distinta, la «Reforma educativa» eliminará
la estabilidad laboral que podría garantizar maestros de tiempo completo,
dedicados a su actualización y a desarrollar habilidades de enseñanza; y
seguirá ensalzando al dios de la medición,
que nada sabe de las condiciones concretas en las que vivimos.
Nosotros
somos resultado de 30 años de políticas educativas neoliberales, hemos sido
formados con los planes de estudio modificados por las reformas a la educación
secundaria y media superior. Nosotros, que ayer fuimos rechazados del
bachillerato universitario y politécnico y asignados a opciones -en su mayoría
técnicas- que no eran nuestra preferencia, hoy somos los mismos excluidos de la
educación superior. La tecnificación a la que ha sido sometida la educación no
ha contribuido a impulsar nuestro proyecto de vida y mucho menos a fortalecer
el carácter nacional de la educación que establece la constitución.[2]
Queremos
expresar nuestra profunda indignación por la aprobación de la alternativa
técnica en las carreras de reciente creación de las unidades foráneas de la unam. Es una verdadera desgracia que,
ante la demanda de aumento a la matrícula, la Universidad Nacional responda en
el mismo sentido que los gobiernos pasados, con más educación técnica en lugar
de fortalecer la educación científica y humanista.
Hoy
que aparecieron los resultados de este primer examen de ingreso a la unam, damos inicio a una nueva etapa de
organización del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, en
la que estaremos más cerca de los estudiantes y profesores universitarios para
fortalecer la lucha por la defensa de la educación pública gratuita y para
todos.
Anunciamos
también que ya hemos interpuesto una queja ante la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal y hemos interpuesto amparos ante el poder judicial, por la
violación a las garantías individuales que representa la existencia del llamado
Examen Único de Ingreso al Bachillerato,
particularmente por el cobro que se hace para la inscripción.
Manifestamos
nuestra solidaridad y respaldo a la marcha que en este momento desarrollan los
maestros del nivel básico, organizados en la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la
Educación,
en defensa de sus derechos laborales y la educación pública.
Llamamos
a todos los aspirantes excluidos de la educación superior y sus familias a
organizarse con nosotros para juntos defender nuestro derecho a recibir
educación superior pública, gratuita y de alto nivel académico. Los invitamos a
asistir a la asamblea que realizaremos el próximo 20 de abril, a las 12 horas,
en el auditorio Alberto Barajas de la Facultad de Ciencias, en Ciudad
Universitaria.
¡PORQUE LA EDUCACIÓN ES UN DERECHO Y
NO UN PRIVILEGIO!
Movimiento de Aspirantes Excluidos de
la Educación Superior
MAES
comitedeaspirantes@gmail.com
[1]
Acuerdos firmados entre el MAES, universidades públicas y la Secretaría de
Educación Pública, 2012, pueden ser consultados en http://cem987.webcindario.com/fotos/acuerdo_maes_2012/acuerdo_maes_2012.pdf
[2]
El apartado B, fracción II del artículo 3° constitucional señala que la
educación «Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos-
atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros
recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de
nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra
cultura».
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